20 de gener de 2018

Norma Internacional, Ley Nacional, Soberanía y Democracia



por Jacques Sapir

El original en francés del presente artículo será publicado durante el primer trimestre del año 2018 en el nº 14 de la Revue des Juristes de Sciences Po
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El comercio internacional ha asumido un papel cada vez mayor en las relaciones internacionales, decidiendo en gran medida el establecimiento de normas internacionales desde 1945. Se produjo un cambio importante cuando los Estados Unidos se negaron a ratificar la Carta de La Habana [1], que respetaba la soberanía de los Estados. Entonces, el comercio internacional fue regulado por el GATT y luego por la OMC. En este marco, se desarrolló una ideología basada en el trabajo de ciertos economistas y su función era presentar el comercio internacional, y por lo tanto el libre comercio, como un "bien público"[2]. Sin embargo, este trabajo fue cuestionado [3] desde el principio [4]. Esta ideología, y especialmente sus consecuencias institucionales, plantean problemas terribles a la democracia [5]. Además, no se aportaron pruebas que demostraran la eficacia del libre comercio para promover el desarrollo económico [6].


I. Del GATT a la OMC, de la OMC al CETA: una crónica de la expropiación de la soberanía

La sustitución del GATT por la OMC se decidió después de la Ronda Uruguay de 1986. El mandato otorgado a los negociadores fue revisar las principales áreas abarcadas por el GATT y orientarlas en un sentido más favorable al libre comercio. La OMC, que ahora cuenta con 153 países miembros, se fundamenta en acuerdos precedentes, pero los está consolidando con una serie de acuerdos nuevos. Sin embargo, la OMC ha encontrado sus límites con el fracaso de la "Ronda de Doha" [7]. Desde entonces se ha constatado la tendencia a desarrollar acuerdos económicos regionales (la UE o el TLCAN/NAFTA) y acuerdos de libre comercio entre estas zonas de integración como el abortado Tratado del Atlántico Norte (TTIP [8]) o el Tratado con Canadá (CETA) tienden a multiplicarse.

1.1. El principio de los acuerdos internacionales

Aunque la OMC ha establecido un mecanismo de votación para decidir sobre los acuerdos, en la práctica opera por consenso. Es preciso que ningún país se oponga a una medida para que se acuerde. Sin embargo, este método falló. De hecho, la "Ronda de Doha", que debía ampliar significativamente el alcance de las normas impuestas a los estados, fracasó claramente en julio de 2008 [9]. Las negociaciones fracasaron por el persistente desacuerdo entre los países ricos y pobres respecto de las subvenciones agrícolas y el acuerdo de propiedad intelectual (ADPIC/TRIPS) [10]. Este fracaso significó la pérdida por parte de la OMC del control de la agenda de sus negociaciones. Es por eso que hoy se trabaja principalmente con acuerdos entre zonas. No obstante, la OMC representa un paso fundamental en la construcción de normas desvinculadas de cualquier marco de soberanía nacional [11].

En efecto, la globalización es ante todo la de las empresas. La producción masiva implica la presencia en muchos mercados y las empresas multinacionales han presionado por una mayor flexibilidad de las regulaciones del comercio internacional. Sin embargo, una de las lecciones de estos últimos cuarenta años es la permanencia de las culturas técnicas nacionales, que también se acompañan por una permanencia de las culturas de gestión [12]. Algunas de estas diferencias se registran en el proceso histórico del desarrollo de las empresas desde finales del siglo XIX, y en la parte más o menos importante de la intervención del Estado, que siempre ha estado presente.

1.2. Los tratados de 2ª generación y las amenazas que contienen. 
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En este marco el CETA es un acuerdo de libre comercio llamado de 2ª generación [13]. Ataca las normas no arancelarias establecidas por algunos estados para protegerse. Así pues, prohíbe a los estados signatarios discriminar las fuentes de energía en función de sus emisiones de CO2 [14]. También introduce un mecanismo de protección de los inversores, llamado cláusula ICS/ISDS [15]. Desde este punto de vista, forma parte de una ola en la que se incluye también el TTIP [16], un tratado duramente criticado, y obviamente con razón [17]. Las cláusulas ISDS fueron rechazadas por Sudáfrica, India y Brasil. Y además, han sido denunciadas por los representantes del Congreso de los Estados Unidos en el marco del TTIP [18].
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Esta cláusula establece un tribunal de arbitraje que permite a los inversores demandar a un Estado si éste toma una decisión que compromete "las legítimas expectativas en términos de rentabilidad de la inversión", es decir, los beneficios futuros [19]. El número de casos tratados en esta cláusula aumenta regularmente [20]. Disuadirá a los gobiernos que quieran establecer normas de protección. Este procedimiento, que podría resultar muy costoso para los estados, tendrá un efecto disuasorio en el caso de una simple amenaza de pleito. En este sentido, recordemos que en 2011 Quebec retiró la prohibición de un componente de herbicida, del que se sospechaba que tenía efectos cancerígenos, comercializado por Dow Chemical, debido a que la empresa estaba decidida a llevar el asunto ante los tribunales [21]. Aquí hay una clara cesión de los Estados y la creación de unas normas dictadas al margen de cualquier control democrático que suponen el establecimiento de una nueva jerarquía de las normas [22].
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Las amenazas que plantea el CETA se relacionan con la salud pública, el medio ambiente [23] y... la soberanía. Por lo tanto, este tratado amenaza la democracia. Ratificado en el Parlamento Europeo el 15 de febrero de 2017, debe ser ratificado por los diferentes parlamentos nacionales. No obstante, se considera parcialmente aplicable incluso antes de su ratificación por los parlamentos nacionales [24]. El 21 de septiembre de 2017 se adoptó provisional y parcialmente el CETA, sobre la materia que es competencia exclusiva de la UE, excluyendo temporalmente la materia cuya competencia es compartida, y por tanto, necesita el voto de los Estados miembros de la UE. Pero aproximadamente el 90% de las disposiciones del acuerdo se aplicarán. Esto constituye una verdadera negación de la democracia política. Asimismo, si un país rechaza la ratificación del CETA, éste continuará aplicándose durante tres años. Es decir, todos los esfuerzos posibles se han realizado para garantizar que este tratado se redacte y aplique al margen de la voluntad de los pueblos. Lo que refleja el hecho de que la "globalización" es ahora una forma de apartar muchos problemas del campo de la política para ser tratados como problemas técnicos. Desde este punto de vista, la Unión Europea ha estado en connivencia con esta lógica.

II. El enfoque contractual en los acuerdos internacionales

Por tanto, es necesario interesarse por los argumentos con los que intentan justificar esta desposesión, si no en su legitimidad, al menos en su apariencia de funcionalidad. Destaca un primer enfoque, que puede describirse como contractualista. Este enfoque renueva la vieja idea de ius cogens [25] que, con motivo de los acuerdos de libre comercio, hace un notable regreso al derecho internacional [26]. Pero, curiosamente, si la bibliografía sobre las obligaciones del ius cogens en el campo de la guerra [27] o los derechos humanos [28] es importante, hay pocos artículos que tratan sobre áreas económicas. Este enfoque requiere que las normas establecidas en los acuerdos se impongan a los tribunales nacionales como parte de un pacto libremente acordado por los Estados signatarios. La legitimidad del “pacto” deriva entonces de su racionalidad, porque contiene elementos que se consideran mutuamente beneficiosos para todos.

2.1. El Estado actor racional o el peligroso préstamo de la racionalidad de los economistas. 

El GATT y especialmente la OMC se pueden entender como comunidades creadas por contratos (tratados) que unen a los actores del derecho internacional para obtener beneficios comunes. Las obligaciones del GATT y la OMC pueden entenderse como obligaciones contractuales [29]. Los efectos de su ruptura o incumplimiento deben considerarse en términos de incumplimiento de contrato [30]. Esta característica de los acuerdos que rigen el comercio internacional derivan del racionalismo de los siglos XVIII y XIX [31]. Los Estados buscan maximizar sus intereses, como el acceso libre y no discriminatorio a un mercado en otro estado, mediante el uso de una herramienta "racional": el "contrato" [32]. Este contrato existe aquí en la forma de un contrato internacional. Esto transfiere la lógica securitaria de Hobbes [33] a la relación entre estados. Sin embargo, esto implica la coordinación consciente entre preferencias "internas" y externas en el estado signatario y convoca la teoría de las preferencias individuales al asumir que las preferencias colectivas resultan de la agregación de estas preferencias individuales. Ahora bien, es dudoso que las preferencias, cumplan con el conjunto de las condiciones establecidas desde el siglo XVIII y que han sido codificadas en una axiomática de preferencias rigurosamente presentadas por primera vez por Vilfredo Pareto [34].

El principal atractivo de este enfoque es su simplicidad. Pero esta simplicidad tiene un coste: excluye la política y, con ella, el mundo de los valores y las culturas [35]. Ahora bien, si cuestionamos la teoría clásica de las preferencias, la política, con todo lo que implica, se convierte nuevamente en la base sobre la cual deben elaborarse los tratados. Además, no parece posible tratar a los Estados como individuos. Los propios Estados son al mismo tiempo el producto de pactos políticos fundamentales, pero también de la historia de la implementación y de los fracasos parciales de dichos pactos. El enfoque contractualista omite esta dimensión histórica que, sin embargo, es esencial para comprender los actuales Estados-nación [36].

2.2. Los límites del enfoque contractualista.

Se pueden hacer muchas críticas a este enfoque. Así, una organización como la OMC no es sólo un "acuerdo". En teoría, la OMC no tiene voluntad propia fuera de los estados miembros [37]. Pero, en realidad, esto no es del todo cierto. Porque, si ha habido un acuerdo entre los países miembros, este acuerdo dio origen a una organización que, a su vez, desarrolla lo que se puede llamar en lengua weberiana una "burocracia". Esta "burocracia" persigue un objetivo, la implementación cada vez más exclusiva de esta lógica racional contra lo que percibe como la irracionalidad innata de las políticas estatales. Pero, esto devalúa el principio de legitimidad, un principio al cual todo actor de derecho debe referirse para concebir el marco de su propia legitimidad. Y este principio de legitimidad, en un mundo con múltiples valores y morales, solo puede provenir de la soberanía.

La cuestión de las preferencias, fundamental para el razonamiento contractualista, es el centro de las críticas. El término racionalidad podría significar que nada se hace sin razón. Sin embargo, los economistas, y ellos son los que tienen el control aquí, en realidad tienen una definición mucho más restrictiva de racionalidad: la búsqueda de maximizar la utilidad o el beneficio [38]. La teoría de las preferencias individuales constituye así la base de la teoría neoclásica [39] y se ha exportado a las otras ciencias sociales [40]. Entonces debemos suponer que las preferencias cumplen los axiomas de la transitividad, reflexividad, continuidad y no saturación [41]. Para pasar de la utilidad a la utilidad esperada, un concepto extraído de Bernoulli y de sus trabajos sobre los universos probabilísticos,[42] también debemos asumir el axioma de la independencia de las preferencias [43]. Las preferencias son independientes si, dadas las posibilidades x, y, z, tales que x> y, se preferirá una combinación de x y z a la misma combinación de y y z. Agreguemos que las preferencias son monótonas en el tiempo: la utilidad para un individuo es continua durante todo el período y no se ve afectada por la proximidad de picos o valles. Esta monotonía debe combinarse con una integración temporal: la utilidad que una experiencia corresponde al conjunto de utilidades de cada momento de esa experiencia. La monotonía temporal y la integración temporal son necesarias si tratamos de extender la teoría estándar en el tiempo. Para John Harsanyi, es la única forma de utilitarismo que es coherente con el principio de autonomía de las preferencias individuales [44]. La integración temporal y la monotonía se vuelven necesarias en la dinámica, ya que los individuos deben ser capaces de integrar los placeres y penalidades del pasado en la construcción de su sistema de preferencias [45]. Estas nociones son, por lo tanto, centrales para el argumento a favor del utilitarismo [46].

Estas hipótesis son, no obstante, muy cuestionables. Los trabajos recientes han demostrado que la convexidad de la curva de demanda es un caso especial pero no general [47]. Por tanto, resulta imposible deducir "leyes" del comportamiento individual, tal como lo propusieron Arrow y Debreu [48]. Además, Maurice Allais había demostrado que los supuestos de las preferencias individuales se violaban sistemáticamente [49]. Daniel Haussman habla entonces de "cierre autista" para evaluar la resistencia de los economistas a admitir las violaciones sistemáticas de estos axiomas [50]. Sin embargo, desde la década de los 90, estas resistencias han ido cediendo [51]. De hecho, los trabajos de Amos Tversky, Daniel Kahneman, Sarah Lichtenstein y Paul Slovic han demostrado que la llamada "maximización de la racionalidad" es solo un caso entre otros [52], y que las preferencias se construyen de manera consciente e inconsciente en el mismo proceso de elección [53].

2.3. Persistencia de conceptos erróneos en las comunidades "científicas". 

Sin embargo, esta teoría continúa impregnando otros programas de investigación como por ejemplo el de Mancur Olson, que se encuentra en la frontera de la ciencia política y la sociología [54], y ello a pesar de las críticas de las que fue objeto. Esto plantea un problema interesante en cuanto a la supervivencia de los conceptos erróneos en las llamadas comunidades "científicas". Raymond Boudon construye su crítica a Durkheim [55] por una situación de azar que retoma la teoría de la utilidad esperada. Pero, usando implícitamente un criterio de maximización de la utilidad esperada, Boudon no hace otra cosa que aquello que esta reprochando a los economistas. Esto tiende a mostrar la preponderancia, implícita o explícita, de la teoría estándar de las preferencias. Del mismo modo que John Rawls, en la Teoría de la Justicia, en parte rechaza el utilitarismo pero afirma su adhesión a la teoría tradicional de la racionalidad [56]. Rawls es perfectamente explícito sobre la definición de la racionalidad que él propone para llegar a su noción de justicia-equidad, que no es otra que la de la economía estándar [57].

Dos grandes conjeturas teóricas a menudo se movilizan para conducir al contractualismo: la relectura de Kenneth Arrow de la paradoja de Condorcet [58] y el paradigma de la relación "Principal-Agente"[59]. Sin embargo, hemos sido confrontados a la invalidación empírica y científica de las bases de esta teoría. Ahora debemos tratar de entender por qué se mantiene como la base del razonamiento.

De hecho, la lógica "racionalista" del contractualismo se refiere, explícita o implícitamente, a la idea de que una base común de razonamiento podría existir espontáneamente entre los hombres. Pero la existencia espontánea de tal base equivale a postular la existencia de una meta-creencia espontáneamente común. Esto no es precisamente compatible con la heterogeneidad de pensamientos y experiencias que constituye el tejido de las sociedades modernas. Esta base común debe, por lo tanto, construirse y no puede ser preexistente. Esto invalida el razonamiento contractual.

III. Regreso a la soberanía.

Hobbes escribe que existe una "conexión inseparable (...) entre el poder soberano y el poder para hacer leyes"[60]. No hay nada más cierto. Porque el poder de hacer leyes radica en la legitimidad y no en su legalidad, que también puede abarcar leyes "injustas". Sin embargo, la soberanía es fundamental para distinguir entre lo legítimo y lo legal. La obligación inherente a cada acto jurídico no puede justificarse únicamente desde el punto de vista de la legalidad, que por definición siempre es formal. La supuesta primacía que el positivismo jurídico [61] pretende conferir a la legalidad, en realidad, conduce a un sistema total (y totalitario en su esencia), impermeable a cualquier crítica. Esto es lo que permite, o se supone que debe permitir, a un político actual reclamar la pureza original y no las sucias manos del antiguo Príncipe [62]. Entonces, tendríamos que considerar las leyes de las peores tiranías como legales, como ha demostrado David Dyzenhaus [63]. La legalidad solo tiene sentido cuando se articula sobre la legitimidad, es decir, sometiendo a estas leyes a un juicio de equidad [justesse en el original] y no sólo de justicia [justice en el original]. Pero únicamente la soberanía puede establecer quien tiene derecho a hacer ese juicio de equidad, es decir, aquel que tiene la legitimidad.

3.1. La necesidad de soberanía. 

La soberanía es pues necesaria para la acción política, para pasar del "yo" al "nosotros", de la acción individual a la colectiva. Si nuestras decisiones son limitadas desde el principio, ¿qué utilidad tiene para nosotros hacer causa común, pensar en la "cosa pública" o Res Publica? La soberanía define así esta libertad de decisión que caracteriza a las comunidades políticas que son los pueblos, a través del marco de la Nación y el Estado. Este olvido de la dimensión necesariamente social y colectiva de nuestra libertad caracteriza el punto de vista "liberal", un punto de vista que a su vez trasciende las divisiones "izquierda-derecha" y no debe sorprender, que algunas de sus corrientes sean hostiles a esta noción de soberanía.
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Pero la soberanía existe sólo a través de su ejercicio [64]. Por lo tanto, no puede reemplazar el debate político natural sobre las elecciones que deben tomarse, en las mismas condiciones de estas decisiones. Las instituciones en las que vivimos, instituciones que han cambiado muchas veces, son producto de conflictos, a veces olvidados pero nunca extinguidos [65]. La democracia, por lo tanto, implica conflicto; implica la lucha política igual que implica el compromiso, que temporalmente y localmente pone fin a la lucha política [66].
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Sin embargo, se puede replicar a esto con el argumento de la eficacia que sería la base para la legitimidad de la acción. Es en este contexto en el que se encuentran los defensores de los acuerdos internacionales, cuando argumentan, naturalmente de acuerdo con su propia experiencia, que la efectividad de estos tratados es suficiente para justificar su legitimidad. Pero, la dimensión de la eficacia no es suficiente para establecer la legitimidad de la acción -excepto en las ciencias naturales- [67], salvo reproduciendo los errores de la teoría estándar de la racionalidad y las preferencias estudiadas para mostrar su congruencia con el positivismo jurídico y el estado legislador en la tipología de Carl Schmitt [68]. El hecho de que esta decisión haya sido la expresión de una mayoría es igualmente insuficiente, a menos que se asuma que los responsables de la toma de decisiones tienen pleno conocimiento de todas las posibles consecuencias de su decisión. Estas dos críticas fueron planteadas por Carl Schmitt contra la pretensión de la ideología de la democracia parlamentaria para disolver lo legítimo en lo legal [69], y su relevancia es irrefutable en el marco de un análisis realista [70].

3.2. Superioridad de la toma de decisiones en materia de normas.

Aquí debemos enfrentarnos a la circularidad del razonamiento de los proponentes de los grandes acuerdos internacionales. Dicen, y tienen razón en este punto, que se necesitan normas para el comercio internacional, como para cualquier actividad que requiera una amplia coordinación. Pero estas mismas normas no pueden contener todos los futuros posibles. Si pudiéramos anticiparnos a las normas aplicables a cada situación, e incluso a situaciones excepcionales, como en el caso de las crisis, es porque podríamos predecir con precisión estas situaciones. Pero, si fuéramos capaces de tal hazaña, entonces sería fácil para nosotros tomar las medidas de precaución para evitar tener que enfrentarnos a estas situaciones excepcionales. Reconocer la necesidad de prever una acción excepcional es pues una implicación lógica de la hipótesis de limitación cognitiva y de incertidumbre de los individuos [71]. ¿Deberíamos reconocer en estas situaciones excepcionales la presencia de violencia "pura", anómica, radicalmente hostil a cualquier jurídico como sugiere Benjamin [72]?

Las sociedades se enfrentan a situaciones donde todo derecho ha desaparecido. Es obvio que algunas de estas situaciones, como las Revoluciones, pueden ser fundadoras de derecho. La cuestión es si debemos dejar vacía la brecha entre estas situaciones y las normales. Si el derecho no puede abarcar la totalidad de la vida, restringir su alcance a situaciones normales no es aceptable. Cuando Carl Schmitt escribe que el que decide sobre el estado de excepción es soberano [73], escribe nada más que para reconocer la existencia de estas situaciones excepcionales y el hecho de que en estas situaciones será necesario continuar actuando y, por lo tanto, decidir. Pero también hay otra interpretación posible que consiste en decir que quien decide en el estado de excepción es soberano. El texto de Schmitt se presta a esta otra traducción. Por lo tanto, esto significa que quienquiera que pueda actuar en una situación excepcional adquiere inmediatamente el derecho de hacerlo. Las consecuencias de esta interpretación son importantes y directamente pertinentes.

Si se traslada a la economía, el comercio internacional y los acuerdos de libre comercio, la cuestión podría ser si no deberíamos prever nada entre la rutina diaria (que puede ser tratada por las normas) y el despliegue de una crisis paroxística con todas sus dramáticas consecuencias en la vida de las personas. Algunas de las respuestas dadas, como el New Deal, la acción del Primer Ministro de Malasia, que introdujo el control cambio en septiembre de 1997 [74], o la de Yevgeny Primakov en Rusia durante la crisis de 1998, muestran que la soberanía puede proporcionar respuestas positivas a esta pregunta. El New Deal fue impugnado ante el Tribunal Supremo, y algunas de estas medidas fueron revocadas [75]. Reelegido, Roosevelt pudo designar nuevos miembros del Tribunal Supremo. La legitimidad política de la acción prevaleció, entonces, en la letra de la ley. El Tribunal Supremo aquí cambió de opinión cuando el ejecutivo estadounidense renovó leyes que anteriormente se habían sido archivadas.
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La importancia de las medidas tomadas en tiempos de crisis es obvia. Sin embargo, las instituciones internacionales han tratado de limitarlas, con los mismos argumentos citados acerca del "contractualismo". El Fondo Monetario Internacional explicó en 1997 que la libre circulación de capitales era mucho más ventajosa para todos que cualquier otro sistema, y que esto debería conducir a una prohibición de los controles decididos por los Estados [76]. Cabe señalar que más tarde cambió de posición. [77]

Traducción de: Sandra Soutto y David Hervás

Jacques Sapir es economista, director del Centre d'études des modes d'industrialisation (CEMI) de la École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en Paris.


Notas
[1] Ver Sapir J., La Démondialisation, Paris, Seuil, 2011.
[2] Ohlin B., Interregional and International Trade, Cambridge, Harvard University Press, 1933; W. Stomper, P. Samuelson, « Protection and Real Wages », Review of Economic Studies, n° 9, novembre 1941, p. 58-67
[3] Taylor L. et R. von Arnim, Modelling the Impact of Trade Liberalisation: A Critique of Computable General Equilibrium Models , Oxfam, Oxford, Oxford University Press, 2006
[4] Duchin F., « International Trade: Evolution in the Thought and Analysis of Wassily Leontief », 2000, disponible en www.wassily.leontief.net/PDF/Duchin.pdf . También vea más recientemente Krugman P., "A Globalization Puzzle", 21 de febrero de 2010, disponible en https://krugman.blogs.nytimes.com/2010/02/21/a-globalization-puzzle
[5] MacEwan, A., Neo-Liberalism or Democracy?: Economic Strategy, Markets and Alternatives For the 21st Century, New York, Zed Books, 1999  (En español: ¿Neoliberalismo o Democracia?: Estrategia y alternativas económicas para el siglo XXI. Intermón. 2001)
[6] Chang H-J Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Londres, Anthem Press, 2002. Chang H.-J. (En español: Retirar la escalera. Los libros de la Catarata. 2009). HJ Chang, Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, New York, Random House, 2007.(En español: ¿Qué fue del buen samaritano? Naciones ricas, políticas pobres. Intermon-Oxfam, 2008). Ocampo J. A., L. Taylor, « Trade liberalization in Developing Economies: Modest Benefits but Problems with Productivity Growth, Macro Prices and Income Distribution », Center for Economic Policy Analysis Working Paper, n° 8, New York, CEPA, New School for Social Research, 1998 ; Rodrik D. , «Globalization, Social Conflict and Economic Growth», Prebisch Lecture 1997, Genève, UNCTAD/CNUCED, 1997.
[7] BBC News, World trade talks end in collapse”, 29 de julio de 2008 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7531099.stm , y Organización Mundial del Comercio “La Ronda de Doha” https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm
[8]"Sobre el TTIP" en el sitio web oficial de la Comisión Europea ( http://ec.europa.eu), Comisión Europea, 1 de abril de 2015: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_fr.htm
[9] Gallagher K y T. Wise, « Is Development Back in Doha Round? », Policy Brief, n° 18, Genève, South Centre, novembre 2009.Para  un trabajo más antiguo  ver S. Polask i« Winners and Losers: The Impact of the Doha Round on Developing Countries », Carnegie Endowment for International Peace,Washington, 2006
[10] Stiglitz, J.E., et A.H. Charlton, 2004. “A Development-Friendly Prioritization of Doha Round Proposals”, IPD Working Paper. Initiative for Policy Dialogue, New York
[11] Vidigal G., “From Bilateral to Multilateral Law-making: Legislation, Practice, Evolution and the Future of Inter Se Agreements in the WTO,” in European Journal of International Law, vol. 24, 2013, pp. 1027-1050.
[12] Voir Beffa J-L., « Pourquoi les modes de gestion continuent à différer : le cas de Saint-Gobain » in R. Boyer et P.-F. Souyri (dir.), Mondialisation et Régulation, La Découverte, 2002, p. 124.
[13] « Accord économique et commercial global (AECG) », sur Europa, 27 septembre 2016, http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_fr.htm ,
[15] Newcombe, A. P. et Paradell, L., Law and practice of investment treaties : standards of treatment. Austin [Tex.], Wolters Kluwer Law & Business, 2009.
[16] Gallagher K.P. et Shrestha, E., “InvestmentTreaty Arbitration and Developing Countries: A Re-Appraisal”, Working Paper No. 11-01, Global Development and Environment Institute, Tufts University, 2011.
[20] UNCTAD/CNUCED, Recent Developments in investor- state Dispute settlement (ISDS), mai 2013, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf
[22] McGinnis J.O., “The Appropriate Hierarchy of Global Multilateralism and Customary International Law: The Example of the WTO,” in Virginia Journal of International Law, vol. 44, 2003, pp. 225-237.
[23] « TAFTA, CETA : des traités climaticides qui menacent nos démocraties », Fondation Nicolas Hulot, 2017, http://www.fondation-nicolas-hulot.org/action/tafta-ceta-des-traites-climaticides-qui-menacent-nos-democraties?gclid=CPOTm57L7s8CFUEaGwod6mMP8Q
[24] « Déclaration conjointe du premier ministre et du président de la Commission européenne sur l’établissement d’une date pour l’application provisoire de l’Accord économique et commercial global », site du Premier ministre du Canada, déclaration faite à Hambourg, 8 juillet 2017, http://www.pm.gc.ca/fra/nouvelles/2017/07/08/declaration-conjointe-du-premier-ministre-et-du-president-de-la-commission
[25] Kolb R., « Jus Cogens, definition, International Law » in Revue générale de droit international public Vol. 118, n°1, 2014, pp. 5-29
[26] Dupuy P-M. et Kerbrat Y., Droit international public, 10ème ed., Paris, Dalloz, 2010
[27] de Hoogh A., « “Jus cogens” and the Use of Armed Force », in Weller M. (ed.), The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law, Oxford, (Grande-Bretagne) et New York, Oxford University Press, 2015 et Heiskanen V. et Leroux N., Applicable law: “jus ad bellum, jus in bello”, and the legacy of the UN Compensation Commission, in Feighery T.J., Gibson C.S., et Rajah T.M., War reparations and the UN Compensation Commission : designing compensation after conflict, Oxford (Grande-Bretagne) et New York, Oxford University Press, 2015.
[28] Levesque A-M., « “Jus cogens” et non-discrimination : pourquoi la discrimination à l’égard des femmes n’est-elle pas interdite par une norme impérative du droit international? », in Revue juridique themis, 2014, vol. 48, 2014, N°2, pp. 453-529 ou Espaliu Berdud C., « La prohibition de l’esclavage en droit international comme norme de “jus cogens” », in Revue belge de droit international, vol. 47, 2014, fascicule 1, pp. 255-292.
[29] Evans J. W., “The General Agreement on Tariffs and Trade,” in International Organization, 1968, vol. 22, p. 72.
[30] Joost Pauwelyn, “A Typology of Multilateral Treaty Obligations: Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature?,” in European Journal of International Law, vol. 14 (2003), pp. 931–2
[31] Gayl D. Ness and Steven R. Brechin, “Bridging the Gap: International Organizations as Organizations,” in International Organization vol. 42 (1988), pp. 245, 246; Harold K. Jacobson et al., “National Entanglements in International Government Organizations,” in American Political Science Review, vol. 80 (1986), pp. 141–59.
[32] Terrel J., Les théories du pacte social : droit naturel, souveraineté et contrat de Bodin à Rousseau, Paris, Seuil, coll. « Points essais », 2001. Barnett Michael N. et Finnemore M., “The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations,” in International Organization, vol. 53, (1999) pp. 699, 702; Powell Walter W. et Paul J. DiMaggio (eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago (Ill.), University of Chicago Press, 1991; Anna Grandori, “Notes on the Use of Power and Efficiency Constructs in the Economics and Sociology of International Organizations,” in Lindenberg S. et Schreuder Hein (eds.), Interdisciplinary Perspectives on Organizational Studies, Oxford-New York, Pergamon Press, 1993, pp. 61–78.
[33] Boss G., La portée du contrat social chez Hume et Spinoza, texte publié sur internet, posté en 1998, http://gboss.ca/contrat_social_hume_spinoza.html
[34] V. Pareto, Manuel d’économie politique, Paris, M. Giard, 1927.
[35] Keohane R.O., “International Institutions: Two Approaches,” in International Studies Quarterly, vol. 32 (1988), pp. 379-392.
[36] Mark Granovetter, “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness,” in American Journal of Sociology, vol. 91 (1985), pp. 481-504
[37] John J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions,” International Security, vol. 19 (1995), pp. 5-7.
[38] H.A. Simon, “Rationality as Process and as Product of Thought”, in American Economic Review, vol. 68, n°2/1978, pp. 1-16.
[39] J. Sapir, Les trous noirs de la science économique, Albin Michel, Paris, 2000. Olivier Favereau, “Marchés internes, Marchés externes”, Revue Économique, vol.40, n°2/1989, p. 273-328.
[40] H.A. Simon, “Rationality as Process and as Product of Thought”, op.cit., p. 2.
[41] G. Debreu, Théorie de la Valeur, Paris, Dunod, 1959 (En español, Teoría del valor, Antonio Bosch Ediroe, 1973). Sapir J., Quelle économie pour le XXIème siècle, Paris, Odile Jacob, 2005, chap. 1 et 2.
[42] Cette théorie de l’Utilité Espérée est liée au “Paradoxe de Saint-Petersbourg”, D. Bernoulli, “Specimen Theoria Novae de Mensura Sortis” in Commentarii Academiae Scientarum Imperiales Petrapolitane, 1738, vol. 5, p. 175-192.
[43] von Neumann J. et Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior Princeton, Princeton University Press, 1947.
[44] Harsanyi J.C., “Morality and the theory of rational behaviour”, in A. Sen et B. Williams, Utilitarianism and Beyond, Cambridge, Paris, Cambridge University Press et Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1982, p. 39-62.
[45] Kahneman D., “New Challenges to the Rationality Assumption” in K.J. Arrow, E. Colombatto, M. Perlman et C. Schmidt (edits.), The Rational Foundations of Economic Behaviour, New York, St. Martin’s Press, 1996, p. 203-219.
[46] Parfit D., Reasons and Persons, Oxford, Oxford University Press, 1984.
[47] H. Sonnenscheim, “Do Walras Identity and Continuity Characterize the Class of Excess Demand Fonctions” in Journal of Economic Theory, vol. 6, n°2/1973, pp. 345-354.
[48] B. Guerrien, L’économie néo-classique, op.cit., pp. 42-45.
[49] Moskowitz H., “Effects of Problems Presentation and Feedbacks in Rational Behaviour in Allais and Morlat-type Problems”, in Decision Sciences, vol. 5/1974, pp. 225-242
[50] Hausman D. M., The inexact and separate science of economics, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 1994, pp. 212
[51] Camerer C., “Individual Decision Making” in Kagel et Roth (edits), Handbook of Experimental Economics , Princeton, NJ, Princeton University Press, 1994. J.W. Payne, J.R. Bettman et E.J. Jonhson, “Behavioral Decision Research: a Constructive Processing Perspective”, Annual Review of Psychology, vol. 43/ 1992, p. 87-131.
[52] Lichtenstein S. et P. Slovic, “Reversals of Preference Between Bids and Choices in Gambling Decisions”, Journal of Experimental Psychology, n°86,/1971, p. 46-55. Tversky A. et D. Kahneman, “Rational Choice and the Framing of Decisions”, Journal of Business , vol. 59, n°4/1986, part-2, p. 251-278. Idem, “Loss Aversion in Riskless Choice: a Reference Dependant Model”, Quarterly Journal of Economics , vol. 107, n°4/1991, p. 1039-1061.
[53] Sapir J., Quelle économie pour le XXIè siècle ? , op.cit..
[54] Olson M., The logic of collective actions, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, Cambridge, 1965 et 1971.
[55] Boudon R., La Logique du Social – introduction à l’analyse sociologique, Paris, Hachette, 1979, p. 22-28.
[56] Rawls J., Théorie de la Justice, trad. fr. de C. Audard, Paris, Seuil, 1987, p. 40 (En español Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica 1995).
[57] Idem, p. 175.
[58] Arrow K., Social Choice and Individual Values, New Haven, Yale University Press, 1951, p. 2. Pour une analyse du texte de Condorcet, et la généalogie du problème, G.-G. Granger, La Mathématique Sociale du Marquis de Condorcet, Paris, PUF, 1956 (ch. 3).
[59] Ross S., “The Economic Theory of the Agency: The Principal’s Problem” in American Economic Review, vol. 63, n°1/1973, pp. 134-139. Voir aussi, B. Holmstrom, “Moral Hazard in Teams” in Bell Journal of Economics, vol. 13, 1982, pp. 324-340. Pour une bonne présentation pédagogique, J.J. Laffont, Economie de l’incertain et de l’information, Paris, Economica, Paris, chapitres 4, 5 et 11. De ce paradigme, on tire une théorie de l’opportunisme dont le rôle est essentiel tant dans la critique de l’organisation (K. Arrow, Les limites de l’organisation, trad. Fr. Paris, PUF, 1976) que dans l’analyse de la firme (O. E. Williamson, “The Logic of Economic Organization” in O.E. Williamson et S.G. Winter, The Nature of the Firm – Origins, Evolution and Development, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 90-116)
[60] Hobbes T., Œuvres Philosophiques Et Politiques : Contenant le Corps Politique & la Nature humaine, Volume 2 : Éléments de la loi naturelle et politique, Partie II, chapitre VIII, traduction de Delphine Thivet, Paris, Vrin, 2010
[61] Dont le représentant le plus éminent fut Hans Kelsen, Kelsen H., Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996.
[62] Bellamy R., Liberalism and Pluralism: Towards a Politics of Compromise, Londres, Routledge, 1999.
[63] Dyzenhaus D, Hard Cases in Wicked Legal Systems. South African Law in the Perspective of Legal Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1991.
[64] Schmitt C., Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988 (En español Teología política, Trotta 2009).
[65] Voire la présentation écrite par Pierre Rosenvallon à François Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, rééd. du texte de 1828, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 1985.
[66] Bentley A., The Process of Government (1908), Evanston, Principia Press,1949.
[67] Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, Michalon, Paris, 2016.
[68] Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, op.cit.
[69] Schmitt C., Légalité, Légitimité, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932 (En español Legalidad y legitimidad, Comares 2006).
[70] Pour une discussion sur ce point, J. Sapir, Les économistes contre la démocratie, Albin Michel, Paris, 2002 (En español Economistas contra la democracia, Ediciones B 2004).
[71] Sapir J., Quelle économie pour le XXIème siècle, Paris, Odile Jacob, 2005.
[72] W. Benjamin, Origine du drame baroque allemand, traduction de Sibylle Muller, Paris, Flammarion, 1985.
[73] Schmitt C., Théologie Politique, op. cit., p. 15.
[74] Weisbrot M., « Ten Years After: The Lasting Impact of the Asian Financial Crisis », Washington DC, Center for Economic and Policy Research, http://cepr.net/documents/publications/asia_crisis_2007_08.pdf . Texte republié in Muchhala B. (ed.), Ten Years After: Revisiting The Asian Financial Crisis, Stanford Ca, W. Wilson Center, 2007. Voir aussi Kanitta Meesook, Il Houng Lee, Olin Liu, Yougesh Khatri, Natalia Tamirisa, Michael Moore, and Mark H. Krysl, Malaysia: From Crisis to Recovery, Washington DC, IMF, Occasional Papers 207, 2001, http://www.imf.org/external/pubs/nft/op/207/
[75] R. Alan Lawson, A Commonwealth of Hope: The New Deal Response to Crisis, Johns Hopkins University Press, 2006. Leuchtenburg, William E. (1995). The Supreme Court Reborn: The Constitutional Revolution in the Age of Roosevelt. New York: Oxford University Press.
[76] IMF, Interim Committee Statement on the Liberalization of Capital Movements Under an Amendment of the IMF’s Articles, publié le 21 Septembre 1997. Voir http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/pdf/100697.pdf
[77] IMF, Capital Inflows : The Role of Controls, IMF Staff Position Note, SPN/10/04, Washington DC, 19 février 2010, http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1004.pdf