8 de febrer de 2018

La ofensiva globalizadora contra los servicios. TiSA

  

Escrito por Sandra Soutto.
Economista y Técnico de Hacienda.


A veces la realidad supera la ficción, y este es el caso del TiSA, conocido también por las siglas ACS, es el acuerdo sobre el comercio de servicios, otro de los tratados de “libre comercio” que negocia la Unión Europea (UE) a espaldas de la ciudadanía. 
  
Cuadro1: Tratados de libre comercio.  Elaboración propia.


Con este tratado, como ocurría con el TTIP (tratado transatlántico de comercio e inversiones entre UE y EEUU), y con el TPP (tratado transpacífico de comercio e inversiones), se pretende otorgar a las multinacionales derechos ilimitados. En este caso para suministrar servicios desde el exterior, de comercio electrónico, financieros, de telecomunicaciones y entregas postales, lo que exigiría limitar las facultades de los gobiernos a reglamentar, para impedir que las obligaciones y controles estatales puedan limitar la obtención de beneficios a las multinacionales. Es decir, el TiSA pondría a disposición de las multinacionales, herramientas jurídicas que le permitirían obtener compensaciones económicas millonarias. 
 Cuadro2: Tratados Desiguales.  Textos de elaboración propia

Pero esto no es nuevo, ya que la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC), en 1995 impulsó el Acuerdo General de Servicios (AGCS ó GATS) para mercantilizar servicios como la educación, la salud, el transporte, el acceso al agua y a la energía. Sin embargo, la oposición de los países pobres a mercantilizar actividades imprescindibles para la vida humana y la acción ciudadana han ralentizado las privatizaciones a nivel mundial, hasta que en el 2012 un grupo liderado por países ricos y poderosos, llamado “Really Good Friends of Services”, retomó las negociaciones para acelerar las privatizaciones, evitando así a los países pobres. 


¿Qué son y qué representan para nosotros los servicios?

20 de gener de 2018

Norma Internacional, Ley Nacional, Soberanía y Democracia



por Jacques Sapir

El original en francés del presente artículo será publicado durante el primer trimestre del año 2018 en el nº 14 de la Revue des Juristes de Sciences Po
.



El comercio internacional ha asumido un papel cada vez mayor en las relaciones internacionales, decidiendo en gran medida el establecimiento de normas internacionales desde 1945. Se produjo un cambio importante cuando los Estados Unidos se negaron a ratificar la Carta de La Habana [1], que respetaba la soberanía de los Estados. Entonces, el comercio internacional fue regulado por el GATT y luego por la OMC. En este marco, se desarrolló una ideología basada en el trabajo de ciertos economistas y su función era presentar el comercio internacional, y por lo tanto el libre comercio, como un "bien público"[2]. Sin embargo, este trabajo fue cuestionado [3] desde el principio [4]. Esta ideología, y especialmente sus consecuencias institucionales, plantean problemas terribles a la democracia [5]. Además, no se aportaron pruebas que demostraran la eficacia del libre comercio para promover el desarrollo económico [6].


I. Del GATT a la OMC, de la OMC al CETA: una crónica de la expropiación de la soberanía

La sustitución del GATT por la OMC se decidió después de la Ronda Uruguay de 1986. El mandato otorgado a los negociadores fue revisar las principales áreas abarcadas por el GATT y orientarlas en un sentido más favorable al libre comercio. La OMC, que ahora cuenta con 153 países miembros, se fundamenta en acuerdos precedentes, pero los está consolidando con una serie de acuerdos nuevos. Sin embargo, la OMC ha encontrado sus límites con el fracaso de la "Ronda de Doha" [7]. Desde entonces se ha constatado la tendencia a desarrollar acuerdos económicos regionales (la UE o el TLCAN/NAFTA) y acuerdos de libre comercio entre estas zonas de integración como el abortado Tratado del Atlántico Norte (TTIP [8]) o el Tratado con Canadá (CETA) tienden a multiplicarse.

1.1. El principio de los acuerdos internacionales

Aunque la OMC ha establecido un mecanismo de votación para decidir sobre los acuerdos, en la práctica opera por consenso. Es preciso que ningún país se oponga a una medida para que se acuerde. Sin embargo, este método falló. De hecho, la "Ronda de Doha", que debía ampliar significativamente el alcance de las normas impuestas a los estados, fracasó claramente en julio de 2008 [9]. Las negociaciones fracasaron por el persistente desacuerdo entre los países ricos y pobres respecto de las subvenciones agrícolas y el acuerdo de propiedad intelectual (ADPIC/TRIPS) [10]. Este fracaso significó la pérdida por parte de la OMC del control de la agenda de sus negociaciones. Es por eso que hoy se trabaja principalmente con acuerdos entre zonas. No obstante, la OMC representa un paso fundamental en la construcción de normas desvinculadas de cualquier marco de soberanía nacional [11].

En efecto, la globalización es ante todo la de las empresas. La producción masiva implica la presencia en muchos mercados y las empresas multinacionales han presionado por una mayor flexibilidad de las regulaciones del comercio internacional. Sin embargo, una de las lecciones de estos últimos cuarenta años es la permanencia de las culturas técnicas nacionales, que también se acompañan por una permanencia de las culturas de gestión [12]. Algunas de estas diferencias se registran en el proceso histórico del desarrollo de las empresas desde finales del siglo XIX, y en la parte más o menos importante de la intervención del Estado, que siempre ha estado presente.

1.2. Los tratados de 2ª generación y las amenazas que contienen. 
.
En este marco el CETA es un acuerdo de libre comercio llamado de 2ª generación [13]. Ataca las normas no arancelarias establecidas por algunos estados para protegerse. Así pues, prohíbe a los estados signatarios discriminar las fuentes de energía en función de sus emisiones de CO2 [14]. También introduce un mecanismo de protección de los inversores, llamado cláusula ICS/ISDS [15]. Desde este punto de vista, forma parte de una ola en la que se incluye también el TTIP [16], un tratado duramente criticado, y obviamente con razón [17]. Las cláusulas ISDS fueron rechazadas por Sudáfrica, India y Brasil. Y además, han sido denunciadas por los representantes del Congreso de los Estados Unidos en el marco del TTIP [18].
.
Esta cláusula establece un tribunal de arbitraje que permite a los inversores demandar a un Estado si éste toma una decisión que compromete "las legítimas expectativas en términos de rentabilidad de la inversión", es decir, los beneficios futuros [19]. El número de casos tratados en esta cláusula aumenta regularmente [20]. Disuadirá a los gobiernos que quieran establecer normas de protección. Este procedimiento, que podría resultar muy costoso para los estados, tendrá un efecto disuasorio en el caso de una simple amenaza de pleito. En este sentido, recordemos que en 2011 Quebec retiró la prohibición de un componente de herbicida, del que se sospechaba que tenía efectos cancerígenos, comercializado por Dow Chemical, debido a que la empresa estaba decidida a llevar el asunto ante los tribunales [21]. Aquí hay una clara cesión de los Estados y la creación de unas normas dictadas al margen de cualquier control democrático que suponen el establecimiento de una nueva jerarquía de las normas [22].
.
Las amenazas que plantea el CETA se relacionan con la salud pública, el medio ambiente [23] y... la soberanía. Por lo tanto, este tratado amenaza la democracia. Ratificado en el Parlamento Europeo el 15 de febrero de 2017, debe ser ratificado por los diferentes parlamentos nacionales. No obstante, se considera parcialmente aplicable incluso antes de su ratificación por los parlamentos nacionales [24]. El 21 de septiembre de 2017 se adoptó provisional y parcialmente el CETA, sobre la materia que es competencia exclusiva de la UE, excluyendo temporalmente la materia cuya competencia es compartida, y por tanto, necesita el voto de los Estados miembros de la UE. Pero aproximadamente el 90% de las disposiciones del acuerdo se aplicarán. Esto constituye una verdadera negación de la democracia política. Asimismo, si un país rechaza la ratificación del CETA, éste continuará aplicándose durante tres años. Es decir, todos los esfuerzos posibles se han realizado para garantizar que este tratado se redacte y aplique al margen de la voluntad de los pueblos. Lo que refleja el hecho de que la "globalización" es ahora una forma de apartar muchos problemas del campo de la política para ser tratados como problemas técnicos. Desde este punto de vista, la Unión Europea ha estado en connivencia con esta lógica.

14 de gener de 2018

PENSIONES CON JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL



El equipo de Hetrodòxia Castelló reivindica el sistema público de pensiones como el mejor sistema para distribuir las rentas equitativamente entre la ciudadanía. 


Sin embargo, los modelos implementados por los gobiernos en las últimas décadas han demostrado ser ineficientes a la hora de garantizar a todas las personas los bienes y servicios necesarios para vivir, y es que el problema no es el sistema: es el modelo. 


Porque un estado soberano, capaz de emitir su propio dinero puede garantizar salarios y pensiones dignas a sus ciudadanos, así como unos servicios públicos de calidad, desarrollando políticas expansivas del gasto que promuevan la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, la creación de empleo digno –para combatir la precarización laboral-, y el respeto al medio ambiente.


Para Heterodòxia Castelló el debate no está en el porcentaje en el que se deben incrementar las pensiones o los salarios, sino en el conjunto de políticas que se aplican por el gobierno, como:


· Las políticas migratorias, necesarias para garantizar el equilibrio generacional.

· La lucha contra el fraude laboral y fiscal.

· Limitar la temporalidad laboral a los trabajos que realmente lo requieran.

· Aumentar el alcance y las cuantías de las prestaciones por desempleo.

· Garantizar el pleno empleo de calidad, a través de los programas de trabajo garantizado.

· Recuperar y expandir los servicios públicos, para garantizar su calidad y el justo reparto de la riqueza.




13 de gener de 2018

El fin de un derecho


Artículo escrito por Juan Bautista Esteve Ramos,

Técnico informático y programador. 


El 14 de diciembre de 2017, en el congreso de Estados Unidos han votado acabar con la neutralidad en la red, en una votación ajustada y, además, viciada el día anterior por la cantidad de bots que aparecieron en la red dando su beneplácito a la medida, para contrarrestar la protesta en la red que se había organizado, y convirtiendo así la lucha en la red en algo fuera de lugar y sin garantías a la que no se debía hacer caso.

Definición de La neutralidad de red, según la wikipedia: es el principio por el cual los proveedores de servicios de internet y los gobiernos que regulan Internet deberían tratar a todo tráfico de datos que transita por la red por igual, sin discriminarlo o cobrar al usuario de manera diferente según el contenido, página web, plataforma, aplicación, tipo de equipamiento utilizado para el acceso o modo de comunicación.

En resumen lo que viene a decir es que no importa qué es lo que hagas, escribas, digas, o expongas en la red, este principio de neutralidad te otorga el derecho a no ser espiado en tus transacciones y a no cobrarte servicios por tal o cual motivo que se les ocurra a los proveedores de internet o al gobierno. Ejemplificándolo de otro modo: ¿a que no permites que entren en tu casa a vigilarte? Pues lo mismo con tus datos de transmisión.

Pero va más lejos que la simple violación de privacidad del usuario. La destrucción de la neutralidad de la red beneficia en sobremanera a las empresas de telecomunicaciones, por el control total que tienen de la información, y los cobros que recibirán de las empresas que quieran dar un acceso rápido a los usuarios de internet; así como a las grandes empresas, ya que se quitan de un plumazo toda la competencia pequeña, las cuales no podrán pagar los costos de las empresas de telecomunicaciones y quedarán destinadas al ostracismo tecnológico, al no disponer de velocidad de red suficiente para ser competitivos en el mercado de la red.




Para muestra un botón:



Como se puede ver en la imagen, los coches pequeños seríamos los usuarios normales y las empresas sin recursos. Con ello se acaba con la libre competencia en internet y al abuso de ciertos estamentos económicos con los usuarios finales, ya sea monetariamente o vulnerando derechos fundamentales de privacidad y/o libertad de expresíon.




O mejor, dos ejemplos:

 
  
Como se puede ver en la imagen, las tasas de internet ya no se venderán según la velocidad que alcance la línea, sino sobre que servicios quieres recibir a velocidad óptima, siendo más caro según tus intereses en la red, y acabando de un plumazo con nuevas formas de negocio que pudieran competir con las existentes.








14 de desembre de 2017

Salvem les pensions





La preocupació pel finançament del sistema públic de pensions és un tema recurrent en la premsa, les tertúlies i en el debat polític. Però pocs alerten de la necessitat de recuperar la sobirania monetària per a resoldre els problemes de finançament que pateixen els estats europeus del sud, que ofegats per les imposicions de Brussel·les intenten atraure capitals estrangers a canvi d'importants rebaixes fiscals i de cessió de sobirania a favor de les transnacionals. 


Però el problema no és la falta de diners per a finançar les pensions, sinó la capacitat dels estats per a emetre diners quan és necessari, ja que aquest model no permet a l'estat espanyol:

  1.  Emetre la seua pròpia moneda, en haver cedit la seua sobirania a la UE.
  2. Finançar-se amb impostos sense ofegar als treballadors, sustentadors de la recaptació tributària, ja que el marc legislatiu europeu permet a les empreses deslocalitzar-se a la recerca de la menor tributació.
  3. Recórrer a el deute públic, ja que la normativa europea obliga a vendre-la en el mercat de capitals que fixa la taxa d’interès, la qual cosa impedeix que l'estat controle el preu del seu deute.

Per tant, s'imposa la necessitat de canviar aquest model per a proporcionar béns i serveis necessaris a totes les persones i garantir-los els drets humans. De manera que permeta una producció sostenible de béns i serveis necessaris, i la seua justa distribució social, però sobretot, ha de permetre solucionar la falta d'equilibri generacional integrant la mà d'obra jove migrant, la que ha anat i la que arriba d'altres terres a la recerca d'una vida digna, per a garantir el sistema públic de pensions. 

6 de desembre de 2017

Tratados Desiguales


¿Sabes qué son los Tratados Desiguales? ¿Y los tratados de Libre Comercio? En los gráficos adjuntos te lo contamos.



  
Son tratados que incrementan las desigualdades sociales y económicas al facilitar la acumulación de rentas en pocas manos.






25 de novembre de 2017

NOTA DE PRENSA DE LA XARXA VALENCIANA PER L'AIGUA PÚBLICA

Porque el agua es vida su gestión ha de ser pública



Reabierto el debate sobre si la gestión del agua en las ciudades ha de ser pública, privada o mixta, con la difusión de un informe del Consejo General de Economistas, la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública continua reclamando la gestión pública directa del agua por los siguientes motivos:


  1. Porque el agua es un bien de primera necesidad frágil y limitado, que ha de llegar a todos en la mejor de sus condiciones para garantizar una vida digna a los ciudadanos, sin deteriorar los ecosistemas que contribuyen a la renovación cíclica del agua.
  2. Porque la satisfacción de una necesidad básica que, además, ha de ser de calidad por sus implicaciones en la salud pública no puede estar subordinada a criterios de eficiencia económica con el fin de maximizar los beneficios empresariales. Es decir, el agua es vida no negocio.
  3. Porque los límites que se imponen a su gestión vienen definidos por su naturaleza, su escasez, la responsabilidad de garantizar la salud pública y el respeto al medio ambiente. Por eso las instituciones públicas son las únicas que pueden garantizar estos extremos.
  4. Porque una gestión pública de calidad, al no estar sujeta a la lógica de la maximización del beneficio empresarial, puede ofrecer mejores condiciones laborales a los trabajadores.
  5. Porque las subvenciones y los distintos tipos de ayudas públicas (por ejemplo, en I+D+i) que hoy reciben las empresas privadas dedicadas a la gestión del agua podrían destinarse a fortalecer las instituciones públicas de gestión del agua con mayor transparencia y eficacia.
  6. Porque la cooperación público-público en materia de investigación y desarrollo e innovación tecnológica ha mostrado la capacidad de generar un alto conocimiento y experiencia orientado a la resolución de los problemas reales de los ciudadanos, contribuyendo además a la democratización de la ciencia.
  7. Porque los ahorros y mejoras de la gestión directa pública de calidad redundan en el beneficio de los ciudadanos en lugar de engrosar las cuentas de resultados de los operadores y los grupos financieros a los que pertenecen.


Es decir, porque el agua constituye un patrimonio esencial para toda forma de vida y no una mercancía, su gestión ha de ser pública, no un negocio.




NOTA DE PREMSA DE LA XARXA VALENCIANA PER L'AIGUA PÚBLICA


Perquè l'aigua és vida la seua gestió ha de ser pública

 
Reobert el debat sobre si la gestió de l'aigua a les ciutats ha de ser pública, privada o mixta, amb la difusió d'un informe del Consell General d'Economistes, la "Xarxa Valenciana per l'Aigua Pública"* contínua reclamant la gestió pública directa de l'aigua pels següents motius:
1- Perquè l'aigua és un bé de primera necessitat fràgil i limitat, que ha d'arribar a tothom en la millor de les seues condicions per garantir una vida digna als ciutadans, sense deteriorar els ecosistemes que contribueixen a la renovació cíclica de l'aigua.
2- Perquè la satisfacció d'una necessitat bàsica que, a més, ha de ser de qualitat per les seues implicacions en la salut pública, no pot estar subordinada a criteris d'eficiència econòmica per tal de maximitzar els beneficis empresarials. És a dir, l'aigua és vida no negoci.
3- Perquè els límits que s'imposen a la seua gestió vénen definits per la seva naturalesa, la seua escassetat, la responsabilitat de garantir la salut pública i el respecte al medi ambient. Per això les institucions públiques són les úniques que poden garantir aquests extrems.
4- Perquè una gestió pública de qualitat, en no estar subjecta a la lògica de la maximització del benefici empresarial, pot oferir millors condicions laborals als treballadors.
5- Perquè les subvencions i els diferents tipus d'ajudes públiques (per exemple, en R + D + I) que hui reben les empreses privades dedicades a la gestió de l'aigua podrien destinar-se a enfortir les institucions públiques de gestió de l'aigua amb major transparència i eficàcia.
6- Perquè la cooperació públic-públic en matèria de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica ha mostrat la capacitat de generar un alt coneixement i experiència orientat a la resolució dels problemes reals dels ciutadans, contribuint a més a la democratització de la ciència.
7- Perquè els estalvis i millores de la gestió directa pública de qualitat redunden en el benefici dels ciutadans en lloc de engrossir els comptes de resultats dels operadors i els grups financers als quals pertanyen.
És a dir, perquè l'aigua constitueix un patrimoni essencial per a tota forma de vida i no una mercaderia, la seua gestió ha de ser pública, no un negoci.

*La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica, està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Heterodòxia Castelló, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, No als Tractats Desiguals, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu.