21 de setembre de 2017

21 S: UN MERCADO DE 500 MILLONES DE CONSUMIDORES.




El acuerdo económico global entre la UE y Canadá conocido por las siglas CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) se podrá aplicar a partir de este jueves 21 de septiembre, como lo dispone el artículo 30.7 de dicho tratado, antes de ser ratificado por los estados miembro del acuerdo.

El 21 de septiembre de 2017 se podrá aplicar de forma “provisional” el CETA, pero sólo las partes del tratado que son competencia de la Unión Europea, por lo que queda excluido de la aplicación provisional:

  • El mecanismo de protección de inversiones (o de arbitraje) ICS. 
  • Determinadas disposiciones relacionadas con los servicios financieros y la fiscalidad.
  • Una disposición sobre las sanciones penales contra las personas que graben las películas en el cine (ya existe en la mayoría de los países europeos).
  • Una disposición sobre la transparencia de los procedimientos administrativos.

Sin embargo, esta aplicación se hace desoyendo las voces críticas de expertos de organizaciones profesionales, sindicales, políticas, de consumidores e incluso con el dictamen pendiente del Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad del mismo con la normativa europea. Así como también se ha ignorado las peticiones de los distintos movimientos sociales y políticos de suspender la aplicación provisional del tratado por no proteger los derechos laborales, la propiedad intelectual, medioambientales, de salud, de bienestar social ni animal.(Repercusiones en el sector agrario español)



La ejecutiva comunitaria ha dejado muy claro que el acuerdo sigue adelante y que el CETA es más que un acuerdo. Porque es el modelo que protege las inversiones extranjeras, mundializando la precariedad y la desigualdad, es la oportunidad para que las grandes multinacionales europeas y canadienses (más del 76% son estadounidenses) consigan un mercado de 500 millones de consumidores, la desregulación de los mercados y la posibilidad de controlar la legislación de los mismos a través de las demandas arbitrales y de su participación en los comités reguladores previstos en el tratado. 

Mientras la ciudadanía y los consumidores de este gran mercado son los grandes olvidadosde este tipo de acuerdos económicos, que los ningunea tanto en la negociación de los mismos como en su ejecución. Olvido premeditado, a favor de los grandes grupos empresariales que se ven premiados con la reducción del riesgo y el mayor acceso a los factores de producción, materias primas y mano de obra barata.

Pero el CETA se ha de parar, y ha de ser el Tribunal de Justicia de la UE con un dictamen de incompatibilidad del ICS con las normas europeas (lo que reabriría las negociaciones del CETA), o también, con la no ratificación de algunos de los parlamentos regionales y nacionales europeos del tratado (si soporta todas las presiones a las que se verá sometido). 

Además, la aplicación del CETA se podría suspender durante el procedimiento de ratificación si así lo decide la UE, pero sólo podrán abandonar el CETA de forma unilateral Alemania, Austria y Polonia, porque así lo negociaron al firma el CETA.

No obstante, en caso de que el CETA sea bendecido por el TJ de la UE y ratificado por todos los parlamentos entrará en vigor en su totalidad, y para abandonarlo será necesario un acuerdo por unanimidad de todos estados miembros de la unión. Y en el caso de que alguno de los estados quisiera abandonar el CETA en solitario, deberá abandonar la UE.

En el caso de que la UE decidiera de forma unánime abandonar el CETA, algunas de sus disposiciones mantendrán su vigencia, como ocurre con el sistema de arbitraje (ICS) que podrá ser utilizado durante los 20 años que siguen a su resolución para proteger las inversiones realizadas durante el período de vigencia del tratado (Art. 30.9.2)

Es una lástima que la ejecutiva comunitaria europea no garantice con la misma vehemencia los derechos humanos.

#stopCETA.

Escrito por Sandra Soutto,

Economista y miembro de ATTAC PV