28 de juliol de 2016

Principio de precaución y la “evidencia científica sólida”




 

Escrito por Sandra Soutto

Frases como: "Más vale prevenir que curar", y "Primum non nocere", que significa lo primero es no hacer daño, ilustran perfectamente lo que significa el principio de precaución, utilizado tanto para la autorización y regulación del consumo de productos, como de sus procesos productivos en la Unión Europea (UE), su finalidad es prevenir cualquier peligro que pueda existir para la salud humana, animal o vegetal, y el medio ambiente, en virtud del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

De acuerdo con los documentos filtrados por Greenpeace sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), que se negocia entre EEUU y la Comisión Europea (CE), el principio de precaución se está tratando como una "barrera no arancelaria" que debe ser eliminado. 

Este principio que rige la toma de decisiones ante la existencia de un riesgo, pretende evitar cualquier peligro que pueda existir sobre la salud o el medio ambiente, así como los costes necesarios para implementar políticas que permitan la resolución de los daños causados sobre dichos agentes, y en ningún caso se puede utilizar de forma arbitraria, ya que para su aplicación se deben dar las siguientes condiciones:

  1.     Identificación del riesgo y sus consecuencias.
  2.     Evaluación de los datos científicos disponibles.
  3.     Determinación del grado de incertidumbre.

Además, en la evaluación han de participar todas las partes implicadas, y deben ser revisadas en cuanto se disponga de nueva información científica.  De esta manera, en los casos en los que se adopte el principio de precaución, la carga de la prueba recae en el productor, fabricante o importador, quienes deberán demostrar la ausencia de peligro.

Sin embargo, existen otros criterios para evaluar los riesgos antes de tomar una decisión, como el basado en la evidencia científica sólida. Este es el criterio utilizado en EEUU, donde ante la ausencia de pruebas científicas concluyentes de un riesgo cierto, ya sea porque no se ha estudiado o porque no exista acuerdo entre los científicos, un producto puede ser  autorizado por el organismo regulador, sin que existan estudios que  avalen la ausencia de riesgo.


Este sistema de ciencia sólida requiere que exista:

  1.  Un producto final para la evaluación del riesgo, ya que no se evalúa su proceso de producción, sino sólo el resultado final. 
  2.  Consenso científico sobre la toxicidad o peligrosidad del producto final para poder implementar cualquier control o regulación. La duda o la falta de unanimidad en la opinión científica no es suficiente para regular el producto.


Es decir, la evaluación del riesgo basado en el principio de la evidencia científica sólida (ciencia sólida) no permite a la Administración la protección de los consumidores ni del medio ambiente hasta no disponer de un dictamen científico sobre la peligrosidad o toxicidad del producto final, sin considerar los riesgos para la salud y el medio ambiente de los procesos de producción y distribución de dicho producto.

Un ejemplo es la producción de los vaqueros desgastados mediante el sandblasting, técnica que aplica chorros de arena que contiene sílice, cuya inhalación produce silicosis, que afecta a la salud de los trabajadores que intervienen en su proceso de producción y puede ser mortal . Sin embargo, y aunque existen otras técnicas para conseguir este tipo de producto, las multinacionales que fabrican estas prendas prefieren el sandblasting por ser más barato para ellas y tener un mejor acabado. 

Al no presentar riesgos para los consumidores con el principio de ciencia sólida se autorizaría el consumo de vaqueros que matan, en cambio con el principio de precaución o cautela no, ya que se pretende proteger la salud y la seguridad tanto de los trabajadores como de los consumidores del producto.

Los detractores del principio de precaución argumentan que la aplicación de este principio supone un freno al progreso técnico, provocado por el aumento de los costes que supone la prevención del daño. Pero, en realidad la aplicación del mismo exige que se dediquen más horas de trabajo científico y técnico en la detección de los riesgos, su evaluación y posterior eliminación en aras a conseguir la autorización de comercialización de los mismos.  Ahora bien, estos mayores costes son a cargo de las empresas, ya que exige una mayor inversión en I+D+I.  Sin embargo, los hechos demuestran que las multinacionales prefieren destinar recursos a la manipulación de análisis sobre la peligrosidad de los productos y presionar a los organismos reguladores para que rebajen sus exigencias, como ha ocurrido con el escándalo de las emisiones de los motores diesel Volkswagen.

En las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP)  está en juego el principio de precaución, ya que tanto los negociadores de EEUU como los grupos de presión al servicio de las multinacionales de ambas orillas del Atlántico pretenden que prevalezca el principio de ciencia sólida. Si finalmente el TTIP abandona el principio de prevención y la salud pública, ¿quién garantizará la salud de las personas?