29 de maig de 2016

IMPUESTOS Y GASTOS SOCIALES





Cada vez más se oye y lee a ONGs y diferentes organizaciones que exigen un nuevo impuesto cuya recaudación se destine a sufragar el gasto público social. Con ello se pretende reducir la desigualdad y la pobreza mundial. Pero esta acción de condicionar el gasto social a la recaudación de un impuesto concreto (son los llamados impuestos finalistas), no es posible ni existe en el mundo real, ya que el gasto público social lo decide el gobierno de cada Estado al elaborar los presupuestos generales de cada año, cuando aún no conoce la recaudación que obtendrá por cada impuesto en ese año.

Para que nos entendamos, los presupuestos generales del Estado, en adelante PGE, constituyen un instrumento fundamental de política económica, donde se planifica el gasto y se estiman los ingresos. Es decir, sólo son previsiones, donde los ingresos tienen un carácter estimativo y los gastos tienen un carácter limitativo, ya que las cantidades presupuestadas para el gasto solo podrán ser destinadas a los fines determinados durante su elaboración.

En el Estado español las instituciones públicas deben presentar sus propuestas antes del 1 de mayo de cada año, anterior al que se quiere presupuestar, claro , para su elaboración definitiva antes del 1 de octubre, fecha en la que se remite al Congreso de los Diputados y al Senado para su discusión, modificación y aprobación. Si nos centramos en un año, por ejemplo el 2016, es posible echar mano de la hemeroteca, y podemos comprobar que durante su elaboración en el 2015, no se conocían las cantidades recaudadas por impuestos ni del 2016, lo que es evidente, ni tampoco las del 2015.

Entonces, qué sentido tiene condicionar el gasto social a la recaudación de un impuesto del que no conocemos cual será la cantidad que finalmente se pueda obtener. ¿Acaso para ampliar el número de camas de un hospital o adecuar las instalaciones del mismo a las necesidades de la ciudadanía, se tiene que crear un impuesto nuevo?


No, en cualquier caso. Los gastos para poder garantizar el servicio y los derechos de las personas se habrá de exigir sin condiciones.

¿Qué se pretende cuando se condiciona el gasto social a la recaudación de un impuesto, si cuando se aprueba el gasto sólo contamos con estimaciones de ingresos, y peor aún, cuando el impuesto en cuestión aún no existe? ¿Acaso lo que se quiere es que al final no se apruebe el gasto? 

La aprobación del gasto social lo debe determinar su necesidad, y de acuerdo con lo que dicen las ONGs no hay duda de que estos gastos son necesarios, y si lo son, dichos gastos deben ser aprobados. Después de todo, los gastos son los créditos del Estado hacia la sociedad, estos generan la deuda tributaria,  que es cancelada cuando los obligados pagamos nuestros impuestos, y aquellos que no se cubren con la recaudación de los impuestos se cubren con emisiones de deuda pública.

Por tanto, si existe la necesidad de un servicio hemos de exigir que se presupuesten los gastos públicos necesarios, con independencia del origen de los recursos que se destinen a su financiación, si esto no es así, nos arriesgamos a que no sólo no se asuman dichos gastos sino que además, se facilite la privatización de los servicios con la excusa de falta de ingresos tributarios, que es exactamente lo que está pasando.

Aún más enigmático es que los gastos socialmente necesarios se pretendan condicionar a la recaudación de un impuesto que no existe, como es el caso del ITF, y que tampoco tiene posibilidades de ser aprobado, al menos de momento. ¿Acaso pretenden justificar con un fiasco en la implantación del ITF las privatizaciones que estamos sufriendo, o las que vendrán?

Debemos recordarles a estas organizaciones que quienes más contribuyen a los PGE son los trabajadores, para quienes los gastos sociales son una forma de salario social que se obtiene con el acceso a una serie de servicios y subsidios provistos por el sector público. La reducción de los gastos sociales sería un recorte salarial añadido para aquellos que ya han visto reducidos sus ingresos y precarizadas sus condiciones laborales, por tanto, es de justicia exigir servicios públicos de calidad sin condiciones.

La idea de un impuesto finalista tiene unas connotaciones neoliberales subyacentes. Los gastos de los PGE se financian con todos los ingresos del Estado sin distinción. Así, un nuevo impuesto financiaría cualquier tipo de gasto. Pretender justificar la creación de un nuevo impuesto con la finalidad de financiar unos gastos más deseables socialmente que otros, se deriva de una ideología que en el fondo niega la legitimidad del Estado para crear nuevos impuestos y recaudar más. Para el neoliberalismo el Estado ha de ser un "Estado Mínimo", que no  interfiera en el sacrosanto mercado al que todo debe estar sometido. Sólo desde un punto de vista neoliberal cabe justificar la implementación de un nuevo impuesto con causas más nobles que la simple necesidad de ingresos para el Estado.



Artículo escrito por Sandra Soutto