7 de novembre de 2014

Un acuerdo del que se habla muy poco: El TiSA



por Joana Ripoll. Attac Mallorca

El TiSA es un acuerdo multilateral que están negociando en este momento 50 países: Australia, Canadá, Chile, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Unión Europea.
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TiSA son las siglas en inglés de Acuerdo sobre Comercio de Servicios(1). El concepto servicios es una categoría muy amplia que incluye telecomunicaciones, educación a distancia, turismo, inversión extranjera directa (sucursal bancaria de un país en otro país, suministro de agua o energía por empresas transnacionales), movimientos de personas (enfermeras, empleadas del hogar, ejecutivos), etc. O sea que, a espaldas de la ciudadanía (ya que las negociaciones son secretas), se está negociando el futuro de los servicios que se pueden ofertar a los ciudadanos, entre ellos los públicos, sin que nosotros podamos intervenir para decidir según nuestros intereses.
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Y aquí cabe la pregunta: ¿es lícito comercializar los servicios, sobre todo los servicios públicos?
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Los servicios públicos tratan de satisfacer las necesidades sociales básicas de una manera asequible, universal y sobre una base no lucrativa. Los servicios públicos suelen ir acompañados de una reglamentación que establece las bases de cómo deben realizarse dichos servicios, atendiendo a criterios de calidad, seguridad, protección del medio ambiente, justicia, etc
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Los acuerdos comerciales, por el contrario, promueven deliberadamente la comercialización y redefinen los servicios en función de su potencial para producir beneficios. A su vez, intervienen o bloquean las reglamentaciones de los Estados para ordenar estos servicios, con el fin de anteponer los intereses de los inversores y proveedores extranjeros de servicios por delante de los intereses de los ciudadanos.

Aunque es cierto que este tratado no obliga a privatizar, también es cierto que facilita la privatización y la comercialización de varias maneras:
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1- Elevando los costes de la expansión de servicios existentes o creación de otros nuevos. Los inversores y los proveedores de servicios extranjeros deben ser compensados cuando un país crea nuevos servicios o expande los existentes.
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2- Los inversores y proveedores extranjeros pueden amenazar con medidas de derecho mercantil cuando se proponen medidas de ampliación o creación de nuevos servicios. Esto supone que intereses estrictamente privados estarían influenciando y presionando a la hora de atender las necesidades de los ciudadanos en materia de servicios.
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3- Con la cláusula llamada Disposición Obligatoria de Trinquete(2) se hace muy difícil para futuros gobiernos invertir la situación y renacionalizar los servicios privatizados previamente, con lo cual la privatización se hace prácticamente irreversible.
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Hay una serie de clausulas muy preocupantes en el TiSA. Voy a referirme a algunas de ellas:
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Los países negociadores se comprometen a igualar o superar el nivel mas alto de compromiso que hayan firmado anteriormente. Y por el principio del máximo común denominador se establece que los compromisos de todas las partes han de alcanzar el mas alto grado de compromiso que cualquiera de las partes.
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Por otra parte, los Estados deben incluir en una lista (lista negativa) todos aquellos servicios que no quieren que sean privatizados. Cualquier servicio actual o futuro que no este en esta lista no estará protegido, por tanto puede ser privatizado. Esta disposición de "enumerarlo o perderlo" pone en riesgo los servicios públicos futuros y los que actualmente estuvieran en la lista de excluidos serían el objetivo de una próxima negociación.
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En el texto del TiSA se excluyen los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales del ámbito del acuerdo. A primera vista parece que por aquí se podrían salvar los servicios públicos. Pero la definición de servicios suministrados en el ámbito de facultades gubernamentales es exactamente: todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios. En la práctica, los servicios públicos se suministran de una forma mixta, con combinaciones complejas y a menudo cambiantes entre suministradores públicos, privados sin ánimo de lucro y privados con ánimo de lucro. Por tanto, los servicios públicos no quedarían excluidos automáticamente de las negociaciones, a no ser que se incluyeran en esta lista negativa.
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4- Se garantiza la igualdad de trato. Todas las obligaciones de trato nacional se aplicarían automáticamente a todos los sectores públicos o privados, a no ser que se hubieran excluido. Esto implica que si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (salud o educación) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones. Por ejemplo, si se establece una universidad de EEUU en España tendría derecho a las mismas subvenciones que recibe la universidad pública. Si un estado subvencionara la construcción de un hospital, ¿debería también subvencionar la clínica privada de las cercanías?
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5- Mediante el mantenimiento del statu quo, cualquier cambio o enmienda a una medida nacional tiene que ir en la dirección de mayor conformidad con el acuerdo.
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6- Según la Disposición Obligatoria de Trinquete, quedarían congelados los niveles de liberalización en todos los ámbitos. Esto significa que no hay marcha atrás. Las remunicipalizaciones o nacionalizaciones serán imposibles.
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7- En cuanto a la reglamentación nacional, con el TiSA las empresas transnacionales podrían cuestionar las reglamentaciones nacionales nuevas o las que les resultaran costosas, incluso aunque se tratara a los proveedores extranjeros en las mismas condiciones que a los proveedores nacionales.
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Esto afectaría a prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud, normas técnicas (es decir, las características técnicas de un servicio y normas según las cuales el servicio debe realizarse) o prescripciones en materia de licencias (licencias profesionales, concesión de permisos a empresas para realizar un servicio como Centros de cuidados de salud, laboratorios, acreditación universitaria y escolar, licencias de radiodifusión, instalaciones de eliminación de desechos, centrales eléctricas, etc.).
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8- El TiSA pretende interferir con la autoridad reguladora de los servicios, de manera que las reglamentaciones que existan en los Estados o que se aprueben no sean más laboriosas de lo necesario para conseguir los objetivos perseguidos. Y ¿cuáles son los objetivos perseguidos? No son cubrir las necesidades de los ciudadanos, ofrecer garantías de calidad y seguridad, sino obtener los máximos beneficios para los inversores y empresas.
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9- Pero esto no queda aquí. Si las empresas transnacionales no están de acuerdo, tienen todavía una carta más a su favor. Existirá un Grupo especial de solución de diferencias que puede cuestionar y supervisar estas reglamentaciones establecidas por los Estados.
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Por otra parte, EEUU está muy interesado que se incluya también el famoso ISDS(3) que obliga a los Estados a compensar a las grandes empresas transnacionales si a través de leyes o normativas perjudican sus intereses actuales y futuros. Esto puede afectar a la calidad del agua, a las normas de seguridad en servicios de eliminación de sustancias tóxicas, en la calidad de servicios de salud, en la normativa urbanística, protección del territorio, etc
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El TiSA también se atribuye facultades para comercializar con el tráfico de personas, sin que estén incluidas en la negociación normas laborales ni protección de los derechos del trabajador, y los flujos transfronterizos de datos, dejando sin efecto la ley de protección de datos que rige en Europa.
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Otro aspecto de crucial importancia es el intento de comercializar los servicios financieros, impidiendo mayores regulaciones, lo que nos podría llevar fácilmente a una nueva crisis financiera.
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Como conclusión, quiero dejar claro que los servicios públicos son nuestros, de todos los ciudadanos, los que nos han precedido, nosotros mismos y los que vendrán después, que a través de muchas luchas y dedicando muchos esfuerzos los hemos instaurado, desarrollado, mejorado y mantenido con nuestros impuestos. No puede ser que a través de mecanismos totalmente antidemocráticos y secretos, este capitalismo feroz, al que pretenden someternos, nos los robe. Es urgente y necesario que todos, en la medida de nuestras posibilidades, nos convirtamos en portavoces y activistas, para que este Acuerdo no se llegue nunca a firmar. Queda mucho por hacer. Y todos los esfuerzos suman.
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Desde participar en la plataformas contra el TTIP que se han constituido en muchas ciudades, a difundir información, recoger firmas, colaborar en actos contra los tratados. Todo Suma.
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Apelo a todos vosotros en esta tarea. Porque podemos ganar, otras veces se ha logrado con otros acuerdos. Podemos ganar si logramos que una gran parte de la ciudadanía conozca lo que se está negociando a nuestras espaldas.
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Porque la lucha esta muy clara: O ellos o nosotros.


Enlaces de interés: 

NOTAS:
(1) Trade in Services Agreement
(2) Ratchet Clause
(3) Investor-state dispute settlement: Mecanismo para la Resolución de Disputas entre Inversores Extranjeros y Estados que permite a las multinacionales demandar a un Estado soberano ante un Tribunal de Arbitraje Internacional si considera que una nueva Ley perjudica sus intereses económicos en el país en cuestión. Estos tribunales, que están al margen de la justicia europea o internacional e integrados por abogados de firmas privadas, suelen condenar a los países a pagar sumas desorbitadas por promulgar leyes, sanitarias sociales o medioambientales que “perjudican” los “beneficios futuros” que las empresas esperaban obtener. Sus sentencias son inapelables. Para más información:
Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, Cuando la injusticia es negocio Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones  Amsterdam: Corporate Europe Observatory y Transnational Institute, 2012. Disponible aquí: http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf

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