4 de desembre de 2013

¿Qué hacen nuestros gobiernos para facilitar el derecho a una vivienda digna a todo aquel que lo necesita?


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 Sandra Soutto. Economista.


La construcción de vivienda en España ha sido el motor de la economía creando puestos de trabajo directos e indirectos, atrayendo mano de obra extranjera y estimulando el consumo mediante el endeudamiento con crédito fácil y aparentemente barato. De esta forma se movieron grandes cantidades de dinero en beneficio del sector financiero hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Desde entonces el mercado no puede absorber la oferta de viviendas vacías disponibles, el sector financiero no facilita el crédito necesario para el consumo, los obreros no tienen trabajo y ya no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas.

Entonces llego la pobreza, por fin comprendimos lo que era una hipoteca: la casa resultó que era del banco, y luego vinieron los desahucios y los suicidios. De acuerdo con los datos del Banco de España el 86% de las viviendas en nuestro país eran de propiedad frente al 14% que se disfrutaba en alquiler o cesión, así que nos acostamos en un país de propietarios, y nos despertamos siendo el país de los desahucios.



Es decir, no todas las familias disponen de una vivienda digna, y mucho menos pueden compra una, ya que el precio es inasequible a pesar de las reducciones sufridas desde el estallido de la burbuja, que no parecen suficientes si tenemos en cuenta el nivel de empleo, el nivel de los salario, el precio del suelo, el número de viviendas en construcción, el tipo de interés del crédito y la evolución demográfica.

¿Y qué hacen nuestros gobiernos para facilitar el derecho a una vivienda digna a todo aquel que lo necesita?

1º- J.L. Rodríguez Zapatero creó el Ministerio de la Vivienda con el objetivo de permitir a las familias acceder a una vivienda digna por no más de la tercera parte de sus ingresos, impulsando la rehabilitación y las viviendas de protección oficial, pero fracasó y sus competencias fueron asumidas por el Ministerio de Fomento.

2º- El Ministerio de Fomento creó la Comisión de Trabajo para el impulso del sector inmobiliario. Además, se redujo el IVA devengado en las transmisiones de las viviendas y algunas autonomías otorgaron deducciones fiscales por la adquisición de viviendas nuevas. Pero también fracasó, aumentaron los desahucios, los suicidios y los hogares sin viviendas dignas. Y las cifras de ventas de vivienda en España seguían bajando: en el año 2012 cayeron un 32,74 % respecto del 2011, y en el 2013 continua la tendencia.

3º- El 17 de enero de 2013, el Ministerio de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fomento, Banco de España, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Plataforma Tercer Sector, Patronal Bancaria y 33 entidades de crédito se constituyeron en el Fondo Social de Viviendas, para reforzar la protección a los deudores hipotecados. Dicho fondo esta dotado de unas 6.000 viviendas, aportadas por las entidades crediticias, para ser ofrecidas a las familias desalojadas por las ejecuciones hipotecarias ante el impago de los préstamos hipotecarios.
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Pero tampoco tiene éxito, ya que las familias desahuciadas deben dirigirse a la misma entidad que les ejecutó para solicitar una vivienda digna, que por supuesto no será la misma que tenían, ni se les garantiza que la nueva vivienda estará en el mismo barrio en el que vivían. Lo que supondrá grandes cambios para la familia, desde la educación hasta el entorno social. Además, las condiciones que se les exige a las familias para acceder a ellas son muy duras, y los precios oscilan entre los 150€ hasta los 400€, altos si tenemos en cuenta que la mayoría de estas familias viven de la renta de inserción, unos 426€.

4º- El 8 de abril de 2013, Patrimonio del Estado elaboró un programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado, es decir, para su venta. El objetivo es reducir gastos e incrementar los ingresos públicos.

Sí, mientras aumenta el número de familias sin hogares en España el Estado ofrece a la venta 1.869 viviendas de diversas características, 6.906 viviendas sujetas al régimen especial de la Ley de Movilidad de las Fuerzas Armadas (primero deberán ser ofrecidas al colectivo de las fuerzas armadas), y 61 viviendas sin división horizontal.

En resumen, en España la oferta de viviendas depende de la iniciativa privada. La misma que durante la burbuja financiera empujó a un amplio sector de la población a endeudarse en beneficio del sector financiero, y ahora gestiona el Fondo Social de Viviendas que dice proteger a los deudores hipotecarios que ellos mismos ejecutaron.

El acceso a una vivienda digna es un derecho reconocido en nuestra Constitución y en la declaración Universal de los derechos humanos, artículo 25.1. Sin embargo, en España la mayor parte de la población con menor capacidad adquisitiva ha sido excluida del acceso a este derecho fundamental; al dejar la oferta de viviendas en manos de la iniciativa privada.

Es hora de que el Estado español cumpla con su obligación, vele por el interés general de su población, y cree un banco público de viviendas. Es decir, un banco o fondo de viviendas gestionado por el Estado que facilite el acceso a una vivienda digna a todo aquel que lo necesite, en régimen de alquiler a cambio de un precio justo, que permita cubrir los costes de dicha vivienda y garantice el mantenimiento de la misma.

Este banco se dotaría de las viviendas que integran el patrimonio del Estado (como las que ahora pretende vender el gobierno), y se nutriría, a través de la lucha contra el fraude fiscal y a la seguridad social, mediante la adjudicación al Estado de viviendas en pago de deuda, cuando ésta no puedan ser cobrada de otra forma.

Es decir, en base a una fiscalidad justa, y al principio de suficiencia impositiva, dirigida a incrementar los ingresos públicos reforzando e incentivando la lucha contra el fraude, conseguiríamos formar un banco de viviendas aptas para el alquiler social. Además, con aquellas que no cumplan los requisitos mínimos de habitabilidad se podría hacer una política activa de empleo para acondicionarlas o rehabilitarlas, lo que nos permitiría, a su vez, crear puestos de trabajo, reocupando a los parados del sector de la construcción a los que el estallido de la burbuja inmobiliaria expulsó del mercado laboral.

¿A que esperan?